derecho universitario y administrativo villanueva de la cañada, Premio Jubilación Empleados Públicos, Profesorado Universidades,ANECA, Sexenios Investigación

Oposiciones y concursos: La Comisión de valoración no puede alterar el baremo de un concurso en fase de ejecución de sentencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en Auto de 4 de septiembre de 2014, estima el incidente de ejecución de sentencia promovido por este Despacho de Abogados en defensa de los derechos de un funcionario, que había obtenido sentencia favorable en vía contencioso-administrativa. El Auto de la Audiencia Nacional anula la resolución dictada por la Administración en fase de ejecución de sentencia, declarando que “en esta fase la Comisión de valoración no puede acordar los criterios que se van a seguir para realizar la valoración de la segunda fase del concurso de méritos, debiendo ser valorados los méritos con arreglo al baremo aprobado inicialmente por la Comisión de Valoración”.

Oposiciones y concursos: límites de la discrecionalidad técnica.

Este Despacho de Abogados ha obtenido Sentencia favorable de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que anula la Sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Central nº 8, requiriendo a un Departamento Ministerial para que retrotraiga el procedimiento de concurso específico convocado para la provisión de puestos de trabajo, a fin de que la Comisión Calificadora valore de nuevo los méritos del candidato recurrente.

Según declara la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional -recogiendo la jurisprudencia invocada por este Despacho- la determinación de si un concreto mérito cumple o no los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria no se incluye en el ámbito de la discrecionalidad técnica, como tampoco entra dentro de su ámbito, la determinación de si la fórmula empleada para la corrección de los ejercicios ha sido aplicada, o no, correctamente. Concluye, por tanto, declarando la Sala que “la justificación de la Comisión de los méritos específicos de la actora, resulta arbitraria, al incluir de un lado el criterio cuantitativo que supone excluir de cualquier valoración de la antigüedad el puesto de la AECID más allá de cuatro años, cuando, sin embargo, aparece en las bases como criterio a valorar; y asimismo, el criterio cualitativo en la justificación de la valoración basada en que la AECID no es Organismo Autónomo, cuando, sin embargo, en el tiempo en que se prestó servicios por la atora, sí estaba constituido como tal”.